El caso tomó fuerza luego de que se la vinculara con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado en EE.UU. por lavado y tráfico ilegal. Dirigentes del PJ reclamaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales que se revise su incorporación a la Cámara alta. Ahora será la Cámara la que deberá definir los pasos a seguir.

El detonante fue su vinculación con Federico “Fred” Machado, empresario que enfrenta investigaciones en Estados Unidos por lavado de dinero y tráfico ilegal. Ese nombre, que desde hace años circula en expedientes federales norteamericanos, se convirtió en la pieza que reorganizó toda la discusión. El PJ rionegrino tomó ese antecedente y lo colocó en primer plano durante su presentación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, planteando que la relación entre Machado y Villaverde debe ser examinada con una lupa institucional más rigurosa que la habitual.

Los dirigentes justicialistas argumentaron que la Cámara alta no puede habilitar a un legislador cuando existen elementos que, al menos en apariencia, podrían comprometer la integridad del cuerpo. Según remarcaron ante los senadores, no se trata únicamente de una controversia política sino de un posible riesgo reputacional. El planteo, más que una acusación directa, funciona como una advertencia: antes de dar por resuelta la asunción de Villaverde, corresponde despejar las dudas que emergieron con fuerza desde el ámbito federal norteamericano.

Dentro del oficialismo libertario, la lectura es otra. Para sus referentes, el reclamo opositor responde a una estrategia orientada a deslegitimar el resultado electoral en Río Negro. Sostienen que Villaverde no tiene causas abiertas en la Argentina y que el Congreso no puede basar sus decisiones en vínculos que, sin imputaciones formales, permanecen en una zona gris. Subrayan que bloquear una banca sin acusación concreta sería abrir una grieta peligrosa para la estabilidad institucional y para el respeto a la voluntad ciudadana.

La tensión quedó entonces en manos de la Cámara, que deberá resolver el camino a seguir. El expediente presentado por el PJ ya circula entre los despachos, despertando debates sobre la vara ética que debe exigirse a quienes integran el Senado. A pocos días del recambio, la definición aparece como una encrucijada compleja: permitir la asunción sin un análisis exhaustivo podría dejar heridas difíciles de cerrar; frenarla, en cambio, podría sentar un precedente que reconfigure la dinámica entre legalidad, legitimidad y responsabilidad política. Entre ambos extremos avanza el caso Villaverde, cargado de incertidumbre y con un desenlace que aún no asoma con claridad.