La referente libertaria por Río Negro, que asumiría su banca como senadora el próximo 10 de diciembre, fue vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. 

El planteo de los apoderados peronistas se concentró en un punto: consideran que la eventual asunción de Villaverde podría vulnerar el estándar de transparencia que debe regir en el Poder Legislativo. Argumentaron que las causas que rodean a Machado no son meras turbulencias judiciales, sino procesos sensibles que, por su naturaleza internacional, comprometen la imagen institucional del país. En su intervención, pidieron que la comisión avance con una postura preventiva y que impida el ingreso formal de la senadora electa mientras persistan las dudas.

Del otro lado, el oficialismo libertario defendió la legalidad del proceso electoral que consagró a Villaverde y tildó el reclamo opositor de maniobra política. Sostuvieron que no existen causas judiciales que la involucren directamente y que, en ausencia de una imputación concreta, la voluntad popular expresada en las urnas debe respetarse sin ambigüedades. La tensión creció cuando se discutió si la mera proximidad personal o empresarial con una figura investigada en el exterior puede justificar una medida tan extrema como impedir la asunción.

La oposición, sin embargo, logró imponer su postura en la firma del dictamen de mayoría. Ese documento, que ahora avanza hacia el recinto, concentra la expectativa nacional: allí se decidirá si el Senado limita la llegada de Villaverde o si convalida la posición libertaria. El trámite legislativo se volvió un territorio incierto, donde cada bloque mide el costo político de acompañar o rechazar una resolución de alto impacto público.

Mientras tanto, en Río Negro el clima político se densifica. Dirigentes provinciales observan el proceso con preocupación, conscientes de que cualquier resolución del Senado podría repercutir sobre el equilibrio interno de las fuerzas locales. El desenlace, que quedará sellado en la votación del recinto, amenaza con marcar un precedente sobre la relación entre la política nacional, los antecedentes éticos y la frontera difusa entre sospecha y prueba. Todo parece indicar que, cuando el tablero finalmente se acomode, nada quedará en el mismo lugar.