El panorama ambiental argentino en 2025 muestra señales de alarma. Sequías prolongadas, incendios forestales y contaminación urbana se combinan con una débil respuesta institucional. Según datos del Ministerio de Ambiente, el país perdió más de 300.000 hectáreas de bosque nativo en el último año, principalmente en las provincias del norte. La deforestación, impulsada por el avance agrícola y la expansión inmobiliaria, continúa a un ritmo que pone en riesgo la biodiversidad y los recursos hídricos.

Los efectos del cambio climático se sienten con fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional registró un aumento promedio de 1,3 grados en la temperatura media del país durante la última década, mientras que las precipitaciones se volvieron más irregulares. Este fenómeno impacta directamente en la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y la disponibilidad de agua en regiones críticas como Cuyo y el NOA.

La crisis hídrica es uno de los mayores desafíos. Más del 40% de las provincias reportan niveles bajos en sus embalses y ríos. En el norte argentino, comunidades rurales enfrentan dificultades para acceder a agua potable, y los productores agropecuarios alertan por pérdidas de cosechas. La falta de infraestructura y de planificación hídrica agrava una situación que ya tiene consecuencias sociales y económicas.

En las ciudades, la contaminación del aire y la gestión de residuos siguen siendo problemas estructurales. Buenos Aires, Córdoba y Rosario registran niveles de partículas en suspensión por encima de los estándares recomendados por la OMS. Además, solo el 15% de los municipios del país cuenta con sistemas de reciclaje eficientes. La acumulación de basura y la quema a cielo abierto son prácticas aún comunes en amplias zonas urbanas y periurbanas.

La matriz energética nacional también enfrenta desafíos. Aunque se avanzó en proyectos de energías renovables, estas representan apenas el 14% del total de generación eléctrica. El resto proviene de fuentes fósiles altamente contaminantes. Expertos advierten que sin una estrategia sostenida de inversión y regulación, Argentina difícilmente cumplirá los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

El impacto ambiental de la minería y la expansión del litio también genera controversias. Si bien la explotación de este recurso estratégico promete ingresos millonarios y empleo, comunidades locales y organizaciones ambientalistas reclaman controles más estrictos sobre el uso del agua y la protección de los ecosistemas puneños. La tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental se volvió uno de los debates centrales del año.

De cara al futuro, los especialistas coinciden en que Argentina necesita una política ambiental más integral, con presupuesto, control y participación ciudadana. La sostenibilidad ya no puede ser una consigna simbólica: se ha convertido en una condición para el desarrollo. Sin una acción decidida del Estado y del sector privado, el costo ecológico podría ser irreversible para las próximas generaciones.