El crédito, inicialmente rechazado, se produjo tras gestiones en Buenos Aires con autoridades del banco. La operación generó cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de fondos estatales y sobre la posible intervención de dirigentes de La Libertad Avanza, además de llamar la atención por el monto de $225 millones en plena campaña electoral.

Según trascendió, Villaverde viajó a la capital para mantener reuniones con funcionarios del área de créditos de la entidad, después de lo cual el trámite fue destrabado y el préstamo otorgado en tiempo récord. Parte del dinero habría sido destinado a la compra de una propiedad en el barrio privado Los Patricios II, en Río Negro, lo que alimentó las sospechas sobre el verdadero uso del crédito.

El caso generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos, que advirtieron que la maniobra contradice el discurso de austeridad y transparencia promovido por el espacio libertario. Voces de la oposición reclamaron una investigación interna y pidieron explicaciones al Banco Nación sobre los criterios utilizados para aprobar la operación.

La situación de Villaverde no es nueva: ya había sido señalada en otras causas judiciales por presuntas estafas, embargos y robo de boletas partidarias, además de estar vinculada a una investigación de la justicia estadounidense por lavado de dinero y narcotráfico junto a Alfredo “Fred” Machado, detenido con pedido de extradición.

Con este episodio, la figura de Villaverde —una de las dirigentes impulsadas por Karina Milei en la Patagonia— vuelve a poner en cuestión el control sobre los fondos públicos y la influencia del poder político nacional en decisiones que deberían regirse por criterios técnicos y no partidarios.