La seguridad pública se consolidó como una de las principales preocupaciones sociales en la Argentina. Según el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal, durante 2024 los delitos contra la propiedad aumentaron un 12% respecto del año anterior, mientras que los homicidios dolosos se mantuvieron en una tasa de 4,4 cada 100.000 habitantes. El incremento de robos, arrebatos y hechos violentos en grandes centros urbanos generó un clima de tensión que atraviesa a todas las provincias.

El fenómeno no responde a un único factor. Los especialistas apuntan a la crisis económica, el desempleo juvenil y la expansión del narcotráfico como las principales causas detrás del crecimiento del delito. En las ciudades más grandes, la delincuencia se volvió más organizada y violenta, con bandas que diversifican sus actividades entre el robo automotor, el microtráfico y los delitos informáticos.

Las estadísticas revelan un cambio de escenario: los delitos digitales crecieron un 60% en los últimos dos años, impulsados por estafas bancarias, hackeos y suplantación de identidad. La digitalización de la vida cotidiana, sumada a la falta de capacitación en ciberseguridad, amplió las oportunidades para el fraude online. Las fuerzas policiales y judiciales enfrentan el desafío de adaptarse a un tipo de crimen más sofisticado y menos visible.

En el plano territorial, la inseguridad también se siente en las zonas rurales y en rutas nacionales, donde los robos de transporte de carga y el vandalismo a infraestructuras energéticas se volvieron frecuentes. Las provincias reclaman mayores recursos para equipar a sus fuerzas, mejorar la coordinación con la Nación y modernizar los sistemas de vigilancia.

El Gobierno nacional implementó en 2025 el Plan Federal de Seguridad Urbana, que busca integrar cámaras de reconocimiento facial, patrullas inteligentes y bases de datos unificadas entre las provincias. Si bien el programa avanza, su cobertura aún es parcial y enfrenta limitaciones presupuestarias. En paralelo, se desarrollan capacitaciones en prevención comunitaria y mediación de conflictos, con el objetivo de reducir la violencia barrial.

El rol de las fuerzas de seguridad también está bajo análisis. Diversos informes señalan la necesidad de mejorar la formación, el control interno y la transparencia institucional. Los reclamos sociales por mayor presencia policial conviven con las exigencias de respeto a los derechos humanos y la correcta aplicación de los protocolos de actuación.

Los expertos coinciden en que la seguridad no se resuelve solo con más patrulleros o cámaras, sino con políticas integrales. Educación, empleo joven, inclusión social y urbanismo planificado son componentes esenciales de una estrategia de largo plazo. Sin coordinación entre Nación, provincias y municipios, el problema se reproduce. En un contexto de crisis económica y social, la seguridad se ha convertido en una demanda urgente y transversal de todos los argentinos.