El acceso a la vivienda propia se ha transformado en uno de los principales desafíos sociales de la Argentina actual. Según el último informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano, más del 42% de los hogares del país tiene algún tipo de déficit habitacional, ya sea por hacinamiento, precariedad estructural o alquiler informal. El encarecimiento del crédito, la falta de políticas de suelo y la inflación acumulada del último año han dejado a miles de familias fuera del mercado inmobiliario formal.

El mercado de alquileres atraviesa una crisis profunda tras la derogación de la Ley de Alquileres y su reemplazo por un esquema de libre contratación. Si bien la oferta aumentó un 15% en las principales ciudades, los precios se dispararon hasta un 180% interanual, según Zonaprop. En Buenos Aires, un monoambiente promedio ya supera los 400 mil pesos mensuales, mientras que el salario medio registrado ronda los 600 mil. La relación entre ingresos y costos habitacionales es la más desfavorable desde 2002, advierten los especialistas.

El crédito hipotecario prácticamente desapareció del sistema financiero. Los bancos ofrecen pocas líneas en pesos y las tasas en dólares son inaccesibles para la mayoría de la población. El programa Procrear, relanzado en 2024, logró financiar apenas 15 mil viviendas, frente a una demanda estimada en más de un millón de hogares. La construcción privada, en tanto, se retrajo un 7% interanual, afectada por la suba de los costos de materiales y la caída del poder adquisitivo.

En los barrios populares, la situación es aún más crítica. Un relevamiento de la organización Techo indica que más de 5.800 asentamientos informales albergan a 4,5 millones de personas en condiciones precarias, sin acceso regular a servicios básicos como agua potable, gas o electricidad. Los programas de urbanización avanzan lentamente y con fuertes disparidades entre provincias. Las ONG reclaman un plan federal de vivienda que combine financiamiento, créditos blandos y políticas de inclusión urbana sostenidas en el tiempo.

El impacto social de la crisis habitacional se refleja también en el aumento de personas en situación de calle, especialmente en las grandes urbes. En la Ciudad de Buenos Aires, el último censo arrojó un incremento del 28% en comparación con 2023. Las organizaciones civiles señalan que la combinación de alquileres impagables, pérdida de empleo y ausencia de redes de contención está empujando a más familias a la vulnerabilidad extrema.

De cara a los próximos meses, el Gobierno nacional prepara un nuevo esquema de subsidios al alquiler y líneas de crédito ajustadas por salario, con apoyo de organismos multilaterales. Sin embargo, los economistas advierten que sin estabilidad macroeconómica y previsibilidad inflacionaria, será difícil reactivar el acceso al crédito y al desarrollo urbano. La vivienda, reconocida como un derecho constitucional, se ha convertido hoy en un bien de lujo para buena parte de los argentinos.