La Libertad Avanza la incorporó en sus listas pese a no tener participación política en la provincia y con denuncias que la vinculan a causas de narcotráfico. El episodio vuelve a plantear dudas sobre la transparencia del proceso y recuerda que la defensa de la provincia requiere de representantes que no tengan acusaciones pendientes ni obediencia a jefes porteños.

La designación de Villaverde como candidata en Río Negro por parte de La Libertad Avanza generó un fuerte malestar interno y externo al espacio. Su nombre surgió de manera directa desde Buenos Aires, sin consulta ni construcción previa con los referentes locales, lo que alimentó la percepción de una imposición ajena a la realidad provincial.

A este cuestionamiento político se suma un señalamiento aún más grave: su presunta vinculación con causas de narcotráfico. Si bien no existe una condena firme, las sospechas y denuncias que rodean su figura afectan la credibilidad de su postulación y generan dudas sobre los criterios de selección que adoptó la fuerza a nivel nacional.

El caso expone un problema de fondo: la desconexión entre las decisiones partidarias centralizadas y las necesidades concretas de los rionegrinos. Más allá de coyunturas electorales, la defensa de la provincia requiere de representantes que no tengan acusaciones pendientes ni obediencia a jefes porteños.