El aspirante designado a dedo desde Buenos Aires y exintendente de Cipolletti está acusado de administración fraudulenta y malversación de fondos en la investigación por el plan de 400 viviendas. La Justicia señala pagos millonarios a constructoras sin respaldo en el avance de obra y desvío de recursos públicos. Con audiencias demoradas, el expediente lo mantiene en el centro de la polémica en plena carrera electoral. 

Según la investigación, durante su gestión se habrían autorizado pagos millonarios a constructoras sin que existiera un correlato en el avance de obra, además de desvíos de recursos públicos destinados a otros fines. El expediente judicial, que acumula pruebas documentales y testimoniales, lo mantiene bajo la lupa desde hace varios años, aunque las audiencias han sufrido reiteradas postergaciones.

En paralelo, su postulación fue definida por la conducción nacional de La Libertad Avanza, sin consulta con las bases rionegrinas, lo que generó tensiones dentro del espacio libertario local. Para sus detractores, la situación refleja una contradicción entre el discurso de transparencia que impulsa el oficialismo y la realidad judicial que atraviesa uno de sus principales candidatos.

Mientras la campaña avanza, Tortoriello busca instalar un perfil de gestor eficiente y defensor de la provincia, intentando minimizar el impacto de la causa judicial que lo persigue. Sin embargo, con el expediente aún abierto y un clima político marcado por la polarización, la incógnita es si los rionegrinos estarán dispuestos a darle su respaldo en las urnas.