Su designación sin gestión local previa, sumada a su presunta vinculación con causas de narcotráfico, plantea serias dudas sobre su legitimidad y transparencia.

La imposición de Villaverde como candidata al Congreso por Río Negro ha generado un fuerte rechazo entre los sectores políticos y sociales de la provincia. Lejos de surgir de un proceso participativo o representativo, su nombre fue decidido a puertas cerradas en Buenos Aires, desconociendo por completo la voluntad de los rionegrinos y atropellando la autonomía provincial.

Pero más allá del debate político sobre su legitimidad, lo que más preocupa son las sospechas que rodean su figura. Diversas investigaciones judiciales la vinculan, de forma directa o indirecta, a causas relacionadas con el narcotráfico. Aunque todavía no hay condenas firmes, la sola mención en estos expedientes es una mancha difícil de ignorar en cualquier aspirante a un cargo público.

Frente a este escenario, la pregunta es inevitable: ¿puede alguien con semejante nivel de cuestionamientos personales y políticos representar los intereses de Río Negro con dignidad y transparencia? Para muchos, la respuesta ya está clara: los rionegrinos merecen una representación legítima, limpia y comprometida con sus verdaderas necesidades.