El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto llamado “Ley de Compromiso de Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que busca impedir que se aprueben leyes sin financiamiento asegurado.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es que prevé penas de uno a seis años de prisión para los funcionarios que apliquen normas sin respetar estas condiciones. Además, cualquier ley que viole estos principios será considerada nula, lo que representa un fuerte mensaje a los legisladores y una señal de rigidez en la política fiscal.

La iniciativa fue enviada junto al proyecto de Presupuesto 2026 y plantea que el jefe de Gabinete tendrá facultades para ajustar partidas si los ingresos caen o los gastos aumentan, con el fin de garantizar el equilibrio fiscal. De esta forma, el Ejecutivo se reserva herramientas para evitar desviaciones durante la ejecución presupuestaria.

Otro aspecto central es que toda ley que implique gasto extra solo podrá aplicarse si el Congreso incluye expresamente las partidas necesarias en el presupuesto del año siguiente, salvo que la propia ley garantice el financiamiento mediante fondos concretos, específicos y suficientes, sin afectar el equilibrio financiero.

Por último, el texto obliga a que todos los proyectos de ley cuenten con un informe de impacto presupuestario de mediano plazo, elaborado por el Ministerio de Economía si es una iniciativa del Ejecutivo, o por la Oficina de Presupuesto del Congreso si proviene de legisladores. La intención del Gobierno es frenar la aprobación de leyes sin respaldo económico, reforzando su compromiso con el déficit cero.