La diputada nacional por La Libertad Avanza quedó en el centro de nuevas denuncias luego de que, en una ciudad rionegrina, de las 200 adhesiones presentadas 180 resultaran falsas. También enfrenta un embargo de 50 millones de pesos por vender terrenos en Las Grutas sin entregar escrituras ni servicios, y arrastra antecedentes de una detención por narcotráfico en 2002.

El escándalo en Bariloche expuso graves irregularidades en el proceso de armado político de Villaverde. Las autoridades electorales confirmaron que gran parte de las fichas presentadas para la constitución de su agrupación correspondían a documentos robados o a identidades de personas fallecidas, lo que no solo cuestiona la legitimidad de su estructura partidaria, sino que también podría configurar un delito de falsificación.

Este episodio se suma a la extensa lista de problemas judiciales que la rodean. La candidata ya había sido denunciada por la venta de terrenos en Las Grutas, donde vecinos aseguran haber pagado por lotes que nunca fueron entregados con escrituras ni servicios básicos. Por esa causa, la justicia dictó un embargo millonario que todavía pesa sobre su patrimonio, alimentando las dudas sobre su transparencia en el manejo de negocios inmobiliarios.

El prontuario de Villaverde no termina allí: su detención en 2002 en Estados Unidos, vinculada a un caso de narcotráfico, es un antecedente que vuelve a resonar cada vez que su figura gana visibilidad pública. Aunque logró reconstruir su carrera política, ese episodio permanece como una sombra difícil de borrar y que reaviva el debate sobre los criterios con los que se eligen a los representantes en cargos nacionales.