La candidata de la Libertad Avanza, impuesta a dedo desde Buenos Aires, recibió duras críticas recientemente por sus vínculos con el narcotráfico. Además, enfrenta investigaciones por causas que involucran lavado de dinero y fraude en la administración pública.

La figura de Lorena Villaverde, candidata de La Libertad Avanza, ha generado un fuerte revuelo político en los últimos meses. Su designación directa desde Buenos Aires fue interpretada como una imposición que no tuvo en cuenta las dinámicas locales, lo que alimentó el malestar dentro de la propia fuerza política. Pero más allá de la forma en que llegó a la lista, las críticas más duras se centran en su historial judicial y en las sospechas que la rodean.

Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con supuestos vínculos con el narcotráfico. Diversos referentes opositores y organizaciones sociales han puesto el foco en estas conexiones, que de confirmarse, comprometerían seriamente la credibilidad de la candidata. Aunque Villaverde ha rechazado estas acusaciones, el tema sigue en la agenda pública y marca de cerca su campaña.

A las denuncias anteriores se suman causas vinculadas al lavado de dinero y al fraude en la administración pública. Según trascendió, la Justicia mantiene investigaciones abiertas que involucran movimientos financieros irregulares y contratos sospechosos durante su paso por la función pública. Estos procesos, aún sin sentencia firme, refuerzan la percepción de opacidad que rodea a su figura.

El caso de Villaverde refleja un problema más amplio dentro de La Libertad Avanza: la incorporación de candidatos cuestionados que debilitan el discurso de renovación y transparencia que promueve el espacio. Con un panorama electoral cada vez más polarizado, las acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado amenazan con convertirse en un obstáculo serio para la consolidación del partido en distintos distritos.