La inseguridad alimentaria volvió a crecer en la Argentina y alcanza niveles que preocupan a organismos internacionales. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 36% de los hogares urbanos sufrió algún grado de dificultad para acceder a alimentos en el primer semestre de 2025, lo que equivale a unos 6,5 millones de personas. Entre los niños y adolescentes, la cifra asciende al 48%, reflejando un deterioro sostenido en la calidad nutricional y el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

La inflación en alimentos y bebidas —que supera el 115% interanual según el INDEC— es el principal factor que explica la situación. Productos básicos como la leche, el arroz y la carne duplicaron sus precios en un año, mientras los ingresos reales de los sectores populares se estancaron. El consumo de proteínas cayó un 18% en los últimos doce meses y aumentó la sustitución por harinas y carbohidratos de bajo costo. Nutricionistas alertan que este cambio de dieta genera consecuencias graves en el desarrollo infantil.

Los comedores comunitarios y merenderos viven una demanda récord. La Red Argentina de Bancos de Alimentos informó que asiste actualmente a más de 3.000 instituciones en todo el país, un 40% más que el año pasado. En muchos barrios del conurbano bonaerense y del norte argentino, las filas para recibir un plato de comida se multiplican. Sin embargo, los recursos estatales para estos programas se redujeron en términos reales, lo que obliga a depender cada vez más de donaciones privadas y voluntariado.

El Gobierno nacional relanzó el Plan Alimentar con un refuerzo del 30% en los montos y una ampliación del universo de beneficiarios. No obstante, las organizaciones sociales sostienen que las transferencias no alcanzan a compensar la escalada de precios. Además, denuncian demoras en las entregas de módulos alimentarios y falta de coordinación entre Nación, provincias y municipios. En paralelo, la inflación erosiona los presupuestos provinciales destinados a asistencia alimentaria.

La malnutrición infantil ya muestra señales alarmantes. Un informe de UNICEF reveló que uno de cada cuatro niños argentinos presenta riesgo de déficit nutricional o sobrepeso, producto de dietas pobres en nutrientes y exceso de ultraprocesados. En zonas del norte y el conurbano, los centros de salud reportan un aumento sostenido de casos de anemia y bajo peso. Los especialistas reclaman políticas públicas que prioricen la alimentación saludable y la educación nutricional desde edades tempranas.

De cara a los próximos meses, la situación podría agravarse si continúan la recesión y los altos niveles de inflación. Los expertos señalan que la inseguridad alimentaria no es solo un problema coyuntural, sino estructural: combina pobreza, falta de empleo formal y políticas asistenciales fragmentadas. Garantizar el derecho a la alimentación adecuada, advierten, debe convertirse en una prioridad nacional y no en una respuesta de emergencia. Sin un cambio profundo, el hambre seguirá siendo una herida abierta en la sociedad argentina.