La aspirante, elegida a dedo desde Buenos Aires, afronta investigaciones en Estados Unidos y Argentina. En Miami fue procesada por tráfico de cocaína junto a su ex esposo, mientras que en el país se la investiga por lavado de dinero y estafa, incluyendo el uso de sociedades para manejar fondos millonarios. A pesar de este historial judicial, hoy se postula como representante del oficialismo en las próximas elecciones legislativas.
Lorena Villaverde irrumpió en la escena política nacional como candidata al Senado por el oficialismo libertario, pero su nombre ya era conocido en expedientes judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos. En Miami fue procesada años atrás junto a su ex esposo en una causa por tráfico de cocaína, episodio que derivó en un fallo condenatorio y que marcó su historial judicial internacional. En paralelo, en nuestro país enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y estafas vinculadas a maniobras financieras realizadas a través de sociedades creadas para mover fondos millonarios.
Su designación como candidata despertó polémica desde el inicio, ya que fue elegida directamente desde Buenos Aires, sin consultas a las bases provinciales. Para distintos sectores políticos y sociales, este mecanismo refleja no solo el peso del centralismo porteño dentro del espacio libertario, sino también una falta de criterios éticos al momento de definir las listas legislativas. La decisión de ubicar a Villaverde como aspirante a la Cámara alta generó fuertes cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del partido con la transparencia y la calidad institucional.
En Río Negro, su postulación ya divide opiniones. Mientras algunos referentes libertarios aseguran que se trata de una apuesta a consolidar un liderazgo femenino dentro del espacio, otros consideran que su historial judicial será un obstáculo difícil de sortear en campaña. Los críticos advierten que el electorado rionegrino exige dirigentes con credibilidad y que la figura de Villaverde puede terminar debilitando la imagen del espacio político en la provincia.
De esta manera, la candidata llega a la contienda legislativa envuelta en denuncias y sospechas que ponen en duda su capacidad para representar los intereses de los rionegrinos en el Senado. Su perfil expone la contradicción entre el discurso de renovación política y la inclusión en las boletas de figuras con un pasado judicial controvertido, lo que convierte a su candidatura en una de las más polémicas de la actual campaña.
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