Una jueza hizo lugar parcialmente a un reclamo sindical y frenó la aplicación del decreto que buscaba cerrar Vialidad Nacional. Durante este período, no podrán realizarse traslados, cesantías ni reestructuraciones vinculadas al organismo.

La jueza Martina Forns, del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, resolvió suspender por seis meses cualquier medida derivada del decreto que ordena la disolución de Vialidad Nacional. La decisión se tomó tras aceptar una medida cautelar presentada por el gremio Sevina.

Según la resolución judicial, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar cualquier acto que implique reubicaciones, despidos o cambios en la estructura del organismo, mientras se analiza a fondo la legalidad del decreto 461/2025, firmado el 8 de julio.

Forns argumentó que la medida busca evitar “perjuicios irreparables” y preservar el estado actual de las cosas mientras se resuelve el planteo de fondo. También mencionó que los convenios de la OIT y la Constitución Nacional protegen las condiciones laborales pactadas colectivamente.

La jueza aclaró que por el momento no se pronuncia sobre la validez constitucional del decreto, ya que eso requiere un análisis más profundo y con mayor evidencia. Por ahora, la disolución de Vialidad queda en pausa.