Diez trabajadores que vivían en condiciones precarias en una finca de Joaquín V. González, en Salta, recibirán una compensación económica de 15 millones de pesos tras haber sido víctimas de explotación laboral.

La situación salió a la luz durante una inspección realizada en noviembre de 2023, cuando se detectó que los trabajadores dormían hacinados en un tráiler y realizaban tareas de desmonte sin acceso a agua potable ni herramientas adecuadas. Según sus testimonios, debían utilizar sus propios elementos de trabajo y se les descontaba parte del sueldo por alimentos.

El responsable del caso, Ángel Gustavo Enríquez, fue imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La causa fue impulsada por el fiscal Ricardo Toranzos y su equipo, quienes lograron que cada trabajador reciba $1.500.000 en concepto de reparación.

La resolución fue calificada como “superadora” por el abogado de las víctimas, y representa un paso importante en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores rurales. La Justicia destacó que el acuerdo busca reparar los daños físicos y psicológicos ocasionados por las condiciones en las que fueron sometidos.