El intendente de San Isidro decidió suspender por 180 días el sistema de fotomultas en el municipio tras detectar una serie de irregularidades heredadas de la gestión anterior. La medida, tomada por decreto, expone un entramado de convenios con universidades públicas que, lejos de operar directamente el sistema, tercerizaban el servicio en empresas privadas sin control oficial ni respaldo documental.

Según se detalla en el decreto, durante la gestión de Gustavo Posse el municipio suscribió convenios con universidades públicas, como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), para que operaran el sistema de control y fiscalización vehicular. Sin embargo, en la práctica, estas casas de estudio subcontrataron a empresas privadas, delegando completamente la operatoria sin supervisión estatal efectiva ni documentación respaldatoria clara.

Desde la nueva gestión señalaron que el sistema funcionaba como una «caja paralela», ya que parte de lo recaudado no ingresaba al municipio sino que quedaba en manos de privados sin que existiera un control ni una auditoría pública. A esto se suma la denuncia de múltiples vecinos que, en los últimos años, reclamaron por multas mal emitidas, notificadas fuera de término o sin pruebas válidas.

Lanús, que asumió con la promesa de transparentar la gestión y poner fin a las prácticas opacas de la era Posse, sostuvo que la suspensión permitirá realizar una auditoría integral del sistema, revisar los contratos y redefinir los mecanismos de fiscalización del tránsito. “Vamos a garantizar que todo lo que se cobre tenga respaldo legal, control público y beneficios reales para los vecinos, no para un puñado de vivos”, afirmaron desde su entorno.

La decisión marca un quiebre con el modelo recaudatorio anterior y abre una nueva etapa en la relación entre el Estado local y los ciudadanos en materia de seguridad vial y transparencia institucional.