Hernán Bustos Rivas denunció intimidaciones del abogado de una de las familias, lo que llevó a su salida del caso y la solicitud de un nuevo fiscal.

El fiscal Hernán Bustos Rivas dejó su cargo en la causa que investiga los crímenes de los adolescentes Josué Salvatierra y Paloma Gallardo en Florencia Varela, tras haber solicitado su apartamiento debido a amenazas e intimidaciones recibidas del abogado Carlos Dieguez, defensor de la madre de Josué. Rivas presentó una denuncia ante el juez de Garantías, Adrián Villagra, quien aceptó su solicitud y ordenó que la Fiscalía General designe un nuevo fiscal para el caso.

Según el escrito de Rivas, el abogado lo presionó para aceptar su hipótesis sobre el delito y lo amenazó con consecuencias laborales y mediáticas, lo que afectó su imparcialidad y capacidad para continuar con la investigación de manera objetiva. Además, el fiscal expresó que las amenazas comprometieron su estabilidad emocional y profesional.

Dieguez, al ser consultado sobre la salida de Rivas, negó que estuviera relacionada con sus amenazas y afirmó que el fiscal «suele excusarse de causas complejas». Mientras tanto, la investigación continúa sin avances significativos, ya que los allanamientos realizados hasta ahora no han dado resultados, y no se han identificado sospechosos. Las autopsias de los jóvenes revelaron que ambos murieron por graves traumatismos encefalocraneales, con fracturas de cráneo y lesiones cerebrales.